Ojala me equivoque en mi percepción, y roguemos a DIOS que así sea, que lejos de mi punto de vista, se aplique la reparación a las víctimas. Pero es triste decir que muy distante de la realidad, observaremos como el dinero del estado, de los colombianos se diluye en las manos de los mas “vivos”, mientras las victimas seguirán en su condición de indefensión y soportando sus penurias solos.
La realidad de nuestra sociedad, dista de todos los comentarios, noticias, intensiones y buenas palabras que nos sobran, somos alegóricos “solidarizándonos” con las víctimas, pero nuestra cultura nos enseña otra cosa.
De las reparaciones que se supone hará el estado a las víctimas, como la misma ley recién aprobada, se dividirá en dos categorías, una simbólica y otra pecuniaria. Hasta ahí todo suena bien. El problema es ¿en manos de quien van a quedar esas reparaciones?.
Pero casi tengo la respuesta a la mano, no es mi imaginación, no es una percepción de astrólogos, ni la lectura de las cartas, es una realidad que se ve diariamente en mi querida Colombia, las reparaciones pecuniarias irán a las víctimas de quienes durante muchos años han vivido a costa del estado y la sociedad y las ayudas simbólicas, llegarán a las verdaderas víctimas a los pobres que quedaron en condiciones infrahumanas, luego de haber sido desplazados, huérfanos o viudas (dos).
Suena absurdo decirlo, pero esa es la realidad, mientras los campesinos que han dedicado toda su vida a producir algo para que ricos, pobres, políticos, militares o delincuentes se alimenten, y fueron desplazados por los violentos, por no hacer parte de su proyecto criminal o simplemente por considerarlos un estorbo, otra enorme comunidad de “vividores” esperan ansiosos para surtir todos los tramites que les permitirá acceder a las reparaciones pecuniarias.
Un campesino trabaja desde las 4:30 am hasta las 7:00 pm, de lunes a sábado y el domingo solo tiene tiempo para ir a comprar el mercado de la semana. Así que no le queda tiempo para tramitar los documentos para las reparaciones, es más, ni siquiera ven televisión, escasamente escuchan radio pero por allí nadie les ayuda a tramitar sus solicitudes.
En el otro extremo, se encuentran aquellas personas que desde hace muchos años, deambulan de una ciudad a otra, declarando como desplazados a cada integrante de su familia de manera individual y reclamando ayudas, subsidios y atención del estado. Este grupo de personas, si tienen todo el tiempo suficiente y la información necesaria para tramitar la reclamación pecuniaria como víctimas de la violencia.
Pero además de este grupo de personas, existe toda una maquinaria que como lo reza un dicho, “hecha la norma, hecha la trampa”, que se dedican a demandar para hacer efectivas estas indemnizaciones y claro, ahí ellos tienen su parte y entre más “victimas” orienten, mayores recursos obtendrán.
Ahora surge el interrogante ¿Por qué, el estado no verifica realmente si es víctima o no, y cual es la condición en que sucedió la victimización? Pues la respuesta es simple, no se verifica porque los funcionarios responsables de este proceso si lo hacen, pero desde la oficina, desde allí verifican, donde vivía, de donde salió, cuanto terreno le fue sustraído, que propiedades tenía, cuantos familiares perdió y en qué circunstancias fallecieron. Y si no es así, que alguien me diga cuantos funcionarios de acción social han visto en una vereda verificando el lugar donde el declarante como desplazado vivía y cuáles eran sus propiedades y los motivos por los cuales se fue del lugar.
El tema es tan interesante, que vale la pena dejar el debate abierto para que cada uno haga sus propias opiniones, lo más probable es que llegue a los oídos del gobierno antes que comience a repartir dinero a los más “vivos” y reparaciones a las víctimas reales.


